No soy mucho de hablar de política en mi blog o en mis redes sociales, pero creo que las circunstancias ameritan unas palabras al respecto. Hace dos semanas que tenía la intención de reflexionar acerca del clima enrarecido que se vive en mi país en cuanto a lo gubernamental. El intento de asesinato de Cristina Kirchner sólo es un eslabón más de una cadena que viene ininterrumpida desde hace tiempo y que está en un punto de tensión al punto del quiebre. Si bien tengo una clara visión personal acerca de lo que sucede, son bienvenidos de disentir conmigo en sus opiniones. Simplemente deseaba expresar la mía.

      La política argentina viene deteriorándose de manera acelerada desde hace un par de años. A partir del 2020, con la cuarentena brutal que nos impusieron (9 meses) sobre una frágil economía, destruyendo los ingresos y las variables económicas para millones de ciudadanos del país, la veta autoritaria del actual gobierno viene acrecentándose a pasos agigantados: persecuciones, acusaciones, escraches, impuestazos y múltiples intentos de ejercer control arbitrario sobre la ciudadanía. El Frente gobernante se formó, en un primer lugar, para desarticular las causas judiciales por corrupción que están pendientes sobre las cabezas de los políticos que lo integran. Esa fue la única meta por la cual buscaron regresar al poder y la principal preocupación del presidente, la vice y sus ministros durante los últimos tres años. Todo lo demás se fue improvisando sobre la marcha, lo cual explica la falta de rumbo económico, políticas integrales o discurso oficial de la presidencia en curso. La única meta de ellos siempre fue arremeter contra la Justicia. Sin embargo, cuando empezó a quedar en evidencia que esa escalada para llegar a la impunidad estaba fracasando, las acciones del Gobierno empezaron a ser erráticas y provocadoras.

      A partir del 22 de Agosto pasado, el clima político de la Argentina empezó a descomponerse de un modo que no se veía hace muchas décadas. En el contexto de un ajuste económico brutal que el flamante ministro de economía (Sergio Massa) está imponiendo sobre los privados (quita de subsidios de tarifas, torniquete sobre el cepo al dolar, restricciones a las importaciones y controles económicos de todo tipo), continuó avanzando la llamada Causa Vialidad contra Cristina Kirchner y sus ex ministros por asociación ilícita.  En dicho proceso judicial, el fiscal de la causa, Diego Luciani, demostró con pruebas contundentes que Cristina Kirchner y sus ministros se robaron de las arcas del Estado alrededor de 5231 millones de pesos ( equivalentes a USD $926.000.000) via sobreprecios en la obra pública, desviados por empresas ficticias y lavados con hoteles falsos en el sur del país. Pidió para ella una pena de prisión de 12 años e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos. La reacción del Gobierno no se hizo esperar. No sólo incluyó amenazas violentas contra el fiscal y la familia de los jueces, sino que además engendró un discurso de Cristina Kirchner trasmitido prácticamente en cadena nacional donde acusa a la justicia de conspiración, claramente desbordada y sobrepasada por la acusación.

      Frente a estos hechos, los militantes del gobierno salieron a la calle en respaldo de la vicepresidente y se instalaron en un acampe fuera del departamento de Cristina en el refinado barrio de Recoleta. Permanecieron allí durante días hasta que la policía metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires decidió vallar la zona para garantizar la libre circulación de los vecinos. Los militantes tiraron abajo las vallas y se enfrentaron brutalmente con la policía, en una jornada de violencia de impredecibles resultados. Al mismo tiempo, el presidente Alberto Fernandez salió a decir en una entrevista que esperaba que el fiscal Luciani no apareciera "sucidado" (en referencia al asesinato del fiscal Nisman, quien también había acusado a Cristina Kirchner de encubrimiento antes de amanecer muerto en su departamento). Los partidos de la oposición presentaron el juicio político (pedido de destitución) del presidente en el Congreso y la tensión continuó creciendo y creciendo. Los militantes salieron nuevamente a la calle, a pesar de la tregua que habían declarado con el gobierno de la Ciudad para desconcentrar el acampe y fue en este contexto, hace 24hs, que un brasilero desequilibrado intentó asesinar a Cristina Kirchner cuando regresaba a su departamento. Mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos con sus seguidores en plena acera, el hombre puso el arma contra su rostro y gatilló dos veces. Aparentemente, la bala no salió y el sujeto fue rápidamente reducido y apresado.

      Muchas preguntas quedan pendientes al respecto: ¿Cómo es que nadie advirtió la presencia del hombre armado? ¿Cómo es que la custodia no reaccionó a tiempo? ¿Cómo es que los políticos se arriesgan a semejante exposición en tal clima de tensión extrema en plena zona de conflicto?

       Más allá del repudio que pueda generar este fallido atentado, es importante aclarar que la violencia política no es nueva en la República Argentina. Muchos presidentes han sufrido intentos de asesinato (Roca y Alfonsín son ejemplos emblemáticos). En los 70, la década violenta argentina, se asesinaron múltiples políticos, periodistas, sindicalistas y hombres de las fuerzas de seguridad por motivos políticos. Guerrillas, secuestros y torturas solían ser la orden del día en todo el país. En épocas anteriores, se tiraron bombas sobre concentraciones sociales, se derrocaron presidentes y ni hablar de los horrores cometidos por las sucesivas dictaduras militares. El siglo XX argentino es el siglo de la violencia política y, en pleno siglo XXI, hemos aprendido poco y nada.

     Hay muchas teorías sobre lo que sucedió anoche. Algunas involucran acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición (incluyendo aquella que sostiene que es todo un show armado para tapar los problemas socio-económicos que se están engullendo al país). Sea cual sea el motivo o la importancia de este atentado, es cierto que marca un antes y un después en la vida política argentina. Y no es para mejor. Lamentablemente, pienso que la escalada de tensión y de violencia en este país va a continuar incrementándose en los próximos meses. El clima está enrarecido y es beneficioso -para ambos extremos de la llamada grieta- continuar tensando la cuerda más y más. Para el gobierno, en su interés de eludir las causas judiciales. Para la oposición, en su interés de ganar las elecciones presidenciales del año que viene.

     En medio de todo, continuamos estando los ciudadanos, que de manera callada y sufrida continuamos trabajando y produciendo con nuestra calidad de vida extremadamente deteriorada. La inflación rampante, el congelamiento de salarios y la devaluación permanente continúan afectándonos en un país que está llegando al borde mismo del precipicio en lo que será la peor crisis económica de su historia.